La semana pasada, el país se sorprendió con la noticia de la solicitud de conciliación extrajudicial que hizo Ingrid Betancourt ante la Procuraduría, con el fin de pedir una indemnización por perjuicios al Estado para ella y su familia, en razón de su secuestro.
Las reacciones no se hicieron esperar, la mayoría (incluyéndome) respondió con indignación ante temeraria petición. La opinión pública conoce con suficiencia los hechos que rodearon el secuestro de la excandidata presidencial durante el gobierno de Andrés Pastrana.
La entrevista que realizó Darío Arizmendi de la cadena Caracol y emitida por televisión y radio fue totalmente desfavorable para Ingrid. El público en su mayoría veía indignado como la peticionaria trataba de justificar su posición. Sin embargo, el entrevistador le salió al paso y con preguntas certeras pudo evidenciar que realmente no existen argumentos de peso que pudieran darle entender al público el porque de esa conducta. De entrada afirmó que la culpa de su secuestro era de las FARC y no del Estado colombiano o de las Fuerzas Armadas. También aseguró que no pretendía demandar al Estado, solo quería contar su historia.
Lo cierto es que se percibe la existencia de un “ánimo de lucro”. Si lo que quería era contar su historia bien podía hacerlo a través de un libro (como está de moda entre los secuestrados) o a través de entrevistas. Ella a conciencia y deliberadamente se sentó con una firma de Abogados que cuidadosamente tasaron unos perjuicios para demandar al Estado por una presunta falla del servicio. Sin embargo, jurídicamente tal pretensión no tiene asidero. Si bien no recuerdo la falla del servicio y la responsabilidad del Estado se presenta cuando este no ha tomado las medidas necesarias de protección o ha sido negligente en su ejecución. La jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia ha sido consistente en afirmar en la mayoría de los casos que el Estado no puede proveerle un policía a cada ciudadano para su seguridad. Esta corporación en el pasado ha sido conciente de las limitaciones del aparato institucional de poder.
Existen pruebas suficientes y contundentes que evidencian que la actitud de la excandidata fue irresponsable y con falta de sentido común. El entonces candidato Horacio Serpa fue igualmente advertido de no desplazarse hacia esa zona y acató la recomendación. Fue prudente. ¿Si el pudo porque Ingrid no?
El entonces Comisionado para la Paz del Gobierno de Pastrana, Camilo Gómez (personaje eminentemente inútil durante el proceso de negociación) del gobierno de Pastrana ha salido a desmentir las afirmaciones de Ingrid, estableciendo los medios por los cuales se le advirtió a la excandidata del peligro que podía correr si se desplazaba a la zona de San Vicente del Caguán en el Departamento de Caquetá.
Aunque en la entrevista realizada por Caracol la excandidata afirma que no demandará al Estado, sus actos inequívocamente tienden a hacerlo eventualmente. Presiento que la persona detrás de tan desafortunada petición es su madre, Yolanda Pulecio, quien durante el secuestro no hizo mas que atacar el Gobierno de Uribe, a sabiendas que no fue durante su mandato que su hija no fue secuestrada, incluso haciendo acercamientos con Hugo Chávez, el cual es percibido por la mayoría de los colombianos como simpatizante a la forma de lucha de las FARV, perdón, FARC.
Estamos a la expectativa de la eventual demanda contra el Estado. Los argumentos jurídicos son pobres y poco fundamentados, aunque como lo dije en una entrada anterior, la rama judicial ha fallado varias veces en contra de los intereses de la Nación por lo que no se me haría raro que el Tribunal Administrativo del Caquetá o eventualmente el Consejo de Estado reconozcan las pretensiones de Ingrid Betancourt.
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