El Protocolo Agonizante

Por estos días se celebra en Cancún (México) la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. El mundo se encuentra a la expectativa de las negociaciones entre los países industrializados para la reducción de emisiones de gases que afectan el sistema climático global. Aunque muchos no son optimistas (teniendo en cuenta los fracasos de negociaciones anteriores) lo cierto es que se esperan avances en materia de compromisos legales por parte de los participantes.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) fue producto de una reunión celebrada en Río de Janeiro (Brasil) en 1992 sobre cambio climático. La Convención en si consiste en una estructura general intergubernamental encaminada a resolver los problemas del cambio climático, entendiendo el sistema climático como un recurso compartido que puede ser afectado por la contaminación generada desde los países industrializados. En síntesis, el objetivo del tratado es estabilizar las concentraciones de gas que producen el efecto invernadero a niveles que no interfieran con el sistema climático.

La Convención fue adoptada en Nueva York el 9 de Mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de Marzo de 1994. En Colombia el Congreso de la República la aprobó mediante la Ley 164 de 1994 y posteriormente, la Sentencia de la Corte Constitucional C-073 de 1994 la ratificó.

A pesar de la importancia de la Convención, es mas conocido para la opinión pública uno de los protocolos de la Convención: El Protocolo de Kyoto.

En términos de Derecho Internacional, un protocolo es un suplemento o enmienda a un tratado internacional. Igualmente es una regla que sirve como parámetro para la realización de alguna actividad entre países, constituyendo una conducta común aceptada por los estados participantes.

El Protocolo de Kyoto tiene como metas fijar límites de emisiones con respecto a paises industrializados. Fue inicialmente adoptado en Diciembre 11 de 1997 y entró en vigor el 16 de Febrero de 2005. En Colombia fue aprobado por el Congreso de la República a través de la Ley 629 de 2000. Nuestro país se hizo miembro el 30 de Noviembre de 2001.

Este protocolo fue muy discutido, puesto que exigía a países como Rusia, Japón y Estados Unidos un compromiso mayor en la reducción de la contaminación generada por su industria. Sin embargo, pesan mas los intereses económicos que los ambientales (como coinciden muchos activistas). El ejemplo mas claro de ello es que Estados Unidos no tiene intención de ratificar el tratado.

Este año las esperanzas se centran en Cancún, después del llamado “Fracaso de Copenhague” a raíz de las negociaciones que se celebraron en esa ciudad en 2009. Los medios la calificaron de poco productiva, ya que su único resultado fue un tímido acuerdo que no constituye una obligación legal.

Este año se propone (además de las reducciones de emisiones) la constitución de un fondo anual de $100 billones de dólares para ayudar a los países más pobres a financiar la reducción de emisiones y la adaptación de la industria.

Actualmente siguen los debates entre los más de 190 países participantes de la Convención. Sin embargo el optimismo no reina entre los observadores, puesto que países como Japón y Rusia se oponen a que el protocolo de Kyoto sea prorrogado por un segundo período, hiriéndolo de muerte y acabando con uno de los pocos medios legales que tienen los demás países de reducir el calentamiento global. Muchos expertos consideran que a pesar de los esfuerzos no existe un verdadero compromiso y que las medidas originadas en las negociaciones son insuficientes. Comparto esa opinión y me entristece como los intereses económicos se anteponen al derecho que tiene un ser humano a vivir en un ambiente puro y saludable, libre de todo tipo de contaminación.