Durante las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos antes de llegar a la primera vuelta promovieron diversas iniciativas referentes a temas de seguridad, salud, educación, etc. La mayoría de los candidatos al momento de exponer sus ideas dejaron de lado un tema fundamental: La Justicia en Colombia. El candidato Germán Vargas Lleras (tercero en cantidad de votos) fue el único que de manera concreta y detallada propuso una reforma a la justicia bien fundamentada y poco convencional, además de proponer figuras de modernización del Estado. Durante un tiempo se especuló sobre su adhesión a la campaña del candidato Juan Manuel Santos. La decisión de Vargas Lleras fue delegar la opción de adhesión a las mayorías de su partido las cuales optaron por aceptar la invitación a la unidad nacional. Esto significa que las iniciativas legislativas que promueve Vargas Lleras serán tenidas en cuenta por las mayorías parlamentarias. En esta entrada me tomo el atrevimiento de comentar la propuesta de la reforma a la Justicia de Vargas Lleras la cual pienso que es interesante.
Como mencioné en una entrada anterior del Blog, estoy en total desacuerdo con la forma como esta operando la Justicia en Colombia. Como Abogado, siempre he visto el litigio como mi última opción profesional. ¿La razón? Muy simple: demora en la obtención de un fallo; operadores de justicia con poca formación, negligentes, mediocres o en el mejor de los casos solo borrachos; el trato de los funcionarios de un despacho frente a los ciudadanos; la corrupción en algunos Juzgados donde los interesados pagan por la “impulsión” de los procesos so pena de ser los últimos de la lista… en fin, podría quedarme hablando de las historias escabrosas de la rama que escucha uno de los colegas que litigan.
Para no herir susceptibilidades hago una aclaración: Tengo amigos y conocidos en la rama judicial y son personas que estimo, con reputación y honorabilidad intachable por lo que no sería justo generalizar. Sin embargo, he vivido en carne propia los desmanes del sistema y de sus funcionarios.
Con preocupación escucho como la gente del común equipara la noción de Estado a la rama ejecutiva. El Estado Colombiano bajo esa concepción se reduce a lo que hace el Presidente, sus ministros de despacho, los Gobernadores y los Alcaldes. En ese orden de ideas, la responsabilidad de sus posibles fallas recae única y exclusivamente en esas dignidades. Sin embargo, hemos visto como el Congreso en pleno y los Tribunales de Justicia pareciera que fueran espectadores de lo que hace el Estado. Es así, como vemos como en algunas ocasiones se promueven proyectos de Ley caprichosos y los estrados judiciales toman decisiones que desconocen el bien público. Algunos Magistrados de las Altas Cortes consideran que se encuentran en el mismo nivel Presidencial, es decir, que no reconocen su autoridad llegando hasta a equipararse a su posición, pese a que no cuentan con la legitimación del pueblo es decir, no fueron elegidos por el constituyente primario sino por maquinarias de cooptación. La justicia no es ciega, su venda ha caído desde hace mucho tiempo.
Alguna vez escuché decir a un profesor de pregrado (ilustre Juez de la República) que la rama judicial era la “Cenicienta del poder público” al ser opacada por el legislativo y el ejecutivo y no contar con el presupuesto adecuado para su funcionamiento. Ha demostrado ser un aparato deficiente y depredativo del erario. Sin embargo la culpa no es de ella, es de la normativa desafortunada que la regula y los cambios estructurales que ha sufrido en los últimos años.
Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se tomó la decisión de fusionar los Ministerios del Interior y de Justicia para reducir costos. Sin embargo, los asuntos de Justicia pasaron a un segundo plano para cederles el puesto a los políticos. Esa fue una de las causales de la ruptura de la comunicación y entendimiento entre el ejecutivo y el judicial. Vargas Lleras propone regresar a los Ministerios separados. Con eso se lograría una gestión más eficiente, que permita la armonía entre los poderes.
El Consejo Superior de la Judicatura ha demostrado ser una entidad poco efectiva. Su Sala Administrativa cuenta con Magistrados que tienen la misma formación y salario de los Magistrados de la Sala Disciplinaria. Sin embargo, estos Magistrados de la Sala Administrativa cumplen la función de meros administradores, lo cual no tiene ninguna razón de ser. Vargas Lleras propone que el CSJ no tenga funciones electorales y cuente entre sus miembros con el Presidente de la Corte Suprema.
Para curar la negligencia de la rama, se propone la profesionalización de la misma, siendo mas rigurosos los requisitos de formación académica. No basta con seminarios y capacitaciones sino con conocimientos mas profundos que permitan efectivizar su función. De la mano de esta medida iría el aumento digno de salario de los mencionados funcionarios, ya que actualmente solo se ajustaron los salarios de los Magistrados de Tribunal y de Altas Cortes.
Otro problema es el de la congestión judicial. Siguiendo el caso exitoso de Uruguay, esta reforma a la Justicia propone la creación de Jueces de Tiempo Parcial. Estos serían Abogados con conocimientos y experiencia en determinadas áreas que trabajarían medio tiempo en la revisión de procesos. Igualmente podría acudirse a los Colegios de Abogados, los cuales estarían encargados de resolver un número de conflictos en un término establecido.
Una de las propuestas es acudir las figuras de la Perención y la Prescripción extraordinaria, con el fin de archivar los procesos que no han tenido impulso ni interés por las partes. De esta forma, la rama evacuaría aproximadamente el 70% de los procesos de forma expedita. Igualmente, si se elaborara una base de datos eficiente que proporcione datos en forma real, sería posible agrupar los procesos en grupos y aplicar medidas equivalentes (Parecido al sistema de precedentes), una medida que desarrollaría el principio de igualdad.
Con la implantación la oralidad de los procesos penales y laborales, se ha evidenciado una mejora en los tiempos de respuesta y de decisión en el sistema judicial. Hacer esa medida extensiva a otras áreas como la administrativa y la del Derecho Privado sería igualmente beneficioso. Tenemos aún un procedimiento riguroso en los temas civiles y comerciales por lo que seria una mejora redactar un Código Único de Procedimiento que le de pragmatismo al litigio.
Dentro de las áreas de estudio de la reforma se encuentra la productividad actual de los jueces. Teniendo en cuenta los que reciben acciones de tutela, se ha visto la no existencia de uniformidad respecto a los fallos, por lo que no seria desacertado regular la extensión y el contenido de las decisiones.
Los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) cumplen un papel fundamental en la reforma. Fueron concebidos por la Constitución y el legislador para la descongestión judicial. Las entidades públicas deberían acudir mas a menudo a la figura de la Conciliación y los Arbitramentos (que en promedio duran 2 años) deben recortar su extensión.
Para mí, una de las propuestas más importantes (por ser comercialista) es la creación de una jurisdicción comercial. En muchos casos el riguroso procedimiento civil y los Jueces resultan inadecuados para el constante movimiento de los asuntos mercantiles. Los Jueces Civiles a menudo son demasiado formalistas, lo cual afecta los procedimientos en materia comercial que con la globalización requieren soluciones prontas y eficaces. En esta materia, debemos pasar del criterio procedimental al contractual, donde impera la voluntad de las partes, sin injerencia del Estado. Aunque sea difícil de creer, en materia de regulación comercial, Perú es el líder en este tema en Latinoamérica ya que su legislación es flexible sobre esos asuntos.
Finalmente, Vargas Lleras propone asignar funciones jurisdiccionales a los Notarios. De esta forma se podría garantizar el acceso a la justicia a una mayor cantidad de personas e igualmente se contribuiría a la descongestión de los Juzgados. Los Notarios conocerían de ciertos asuntos, al igual que los Jueces de Tiempo Parcial.
Probablemente muchas personas que lean esta entrada estarán en desacuerdo con los planteamientos, sobre todo los que son cercanos a la rama judicial. Solo puedo decir que la mayoría de las propuestas de esta reforma judicial son innovadoras. Como en todo, muy seguramente habrá resistencia al cambio. Los jóvenes Abogados del país y las nuevas generaciones deben desprenderse del excesivo formalismo y rigurosidad del pasado. Esos criterios anticuados de justicia deben abolirse para dar paso a una efectiva administración de justicia. En la época de mis abuelos la concepción de conciliación que tenemos ahora no existía. Casi siempre se acudía al litigio.
Termino esta entrada con 2 frases para reflexionar, muy conocidas en el argot jurídico: “La vida útil del Abogado es la duración de dos o tres procesos ordinarios” – “Mas vale un mal arreglo que un buen pleito”. ¿Con estas medidas seguirían teniendo vigencia estas frases?
